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Rebajar el gasto inútil, la verdadera reforma hacendaria
La burocracia complica la realización de trámites.Bloomberg
El gobierno de Enrique Peña Nieto promete una reforma fiscal integral para 2013, pero enfrente tiene un aparato burocrático que aumentó su gasto corriente en los últimos años, deficiencias en el manejo de programas sociales, y crecientes transferencias a estados y municipios.
Francisco Muciño
Dinero. Es todo lo que hace falta para que los 5 acuerdos y 95 compromisos del Pacto por México, firmado por los principales partidos y el presidente Enrique Peña Nieto, pasen de buenos propósitos a ser realidades. Y la única forma de obtener dinero es una reforma fiscal, que incluya más y nuevos impuestos. Pero, ¿por qué no mejor empezar con gastar mejor?
En su primer día como mandatario, Peña Nieto anunció una serie de acciones y programas que requerirán un gran gasto, como son las pensiones para personas mayores de 65 años, seguros para mujeres jefas de familia, un programa para mitigar la pobreza alimentaria en el país, entre otras. Todo esto con un presupuesto con déficit cero en 2013.
Para obtener más recursos, plantea una reforma fiscal que amplíe la base tributaria, mejore el cobro de los impuestos, reduzca al máximo las exenciones y privilegios fiscales, y simplifique el sistema hacendario.
Pero para una reforma hacendaria integral, varios especialistas coinciden en que es primordial mejorar la eficiencia en el gasto público, con algunas medidas, como:
• Reducir el gasto corriente en el gobierno federal, que en 2011 fue de hasta 80% del total del presupuesto
• Mejorar la transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos en los programas sociales
• Rendición de cuentas de los gobiernos locales en su ejercicio de las transferencias federales
1. Burocracia engordadora
El gasto para pagar sueldos y salarios a la burocracia fue un rubro que se incrementó en los últimos años. De acuerdo a registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos destinados para servicios personales –dependencias y entidades, así como aportaciones a entidades y municipios y transferencias– fueron por 610,651 millones de pesos (mdp) en 2006, y al cierre de 2011 el monto por este rubro fue de 861,400 mdp. Es decir, en 5 años aumentó 41%.
Pero si incluimos todo el gasto corriente, entre 2006 y 2011, creció 61.5%, pues pasó de 1.3 billones de pesos a 2.1 billones de pesos.
Mientras, por ejemplo, el gasto en inversión impulsada en infraestructura pasó de 529,000 mdp en 2006 a 669,000 mdp en 2011, crecimiento de sólo 26%.
“No se ha podido detener esta inercia del gasto corriente creciente, en el que los pasivos laborales y servicios personales suben. Se ha privilegiado el gasto corriente a costa del gasto de capital, y en 2012 no fue la excepción”, dice Gabriel Pérez del Peral, director de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana (UP).
No obstante, la SHCP afirma que ha logrado reducir el gasto corriente en proporción a otros gastos en los últimos años. En 2006, el rubro de servicios personales componía 37.7% del gasto corriente, y en 2011 era de 31.4%. Si en los últimos años se incrementó el gasto, fue por los subsidios, que pasaron de 15.2% a 22.7% del total en el mismo periodo.
Pero el gasto en burocracia sigue representando una parte significativa para la economía del país. De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal de los Estados del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el gasto en salarios en 2010 era equivalente al 13% del PIB de México.
2. Política social ‘en lo oscurito’
En los últimos dos sexenios, se incrementaron los subsidios para programas sociales, algunos tuvieron reconocimiento internacional, como el de Oportunidades. Pero hay casos en que los recursos destinados no llegaron a las personas más necesitadas.
Un ejemplo es éste: en 2010, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmó con un tercero 12 contratos para la rehabilitación de albergues indígenas, con un costo total de 69.6 millones de pesos. Una inspección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró que, pese a que ya se habían pagado estos servicios, los albergues carecían de mobiliario, camas, colchones, escritorios, mesas sillas, estufas, luz y agua. Además, los inmuebles tenían fugas o filtraciones que los hacían inhabitables.
Aparte de que se desembolsó este gasto sin tener los resultados, los contratos fueron firmados por un funcionario que no estaba facultado para hacerlo.
Aunque éste es un caso extremo, hay otros programas en los que el gasto sí se ve reflejado, aunque esto no signifique que el gasto haya sido eficaz.
“Actualmente, las auditorias que se realizan a través de la ASF están encaminadas a controlar que los recursos públicos no se desperdicien, y se utilicen de manera correcta y transparente, basándose en auditar procesos y no resultados. Entonces, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos de la ley, el resultado fue un desperdicio de recursos”, comenta Enrique Abedrop, maestro en finanzas públicas y especialista en gestión pública para resultados.
En transparencia, la mayoría de los programas públicos federales padece de opacidad. Según elÍndice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (INDEP), elaborado por la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), 74 de los 163 programas evaluados presentan graves problemas de opacidad que impiden su evaluación.
A estos 74 programas se les dio un presupuesto de 153,000 mdp, casi 40% del total para los 163. Entre los programas opacos se encuentran Procampo; Prevención y Manejo de Riesgos (de la Sagarpa) y el programa de becas de la SEP.
Hoy en día se cuenta con más información sobre el gasto en programas, pero falta el siguiente paso, dice Diego de la Mora, coordinador del área de Presupuestos y Políticas Públicas del centro de análisis Fundar. “Hay cada vez más información de cómo se utilizan los recursos en los programas y los alcances previstos. Creo que falta un uso estratégico de esa información.”
“La redistribución o la regresión de la renta obtenida por la hacienda pública en México es sesgada, por usar un eufemismo, y la riqueza recaudada difícilmente llega a los que más lo necesitan”, asegura Mario Rizo, socio de Salles Sainz Grant Thornton.
3. Estados y municipios, sin ‘fondo’
Las participaciones federales a estados y municipios en 2007 fueron de 332,752 mdp, mientras 2012 son de 482,155 mdp. Pero la deuda contratada garantizada con estos recursos es casi el total. Al tercer trimestre de 2012, la deuda de las entidades subnacionales se ubicó en 404,000 mdp, 2.7% del PIB. En 2008 era sólo la mitad, de 203,100 mdp.
En recaudación, los gobiernos locales quedan peor parados. De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal, México se encuentra en los niveles más bajos de ingresos como porcentaje del PIB, y de los ingresos estatales, 78% vienen del gobierno federal y sólo 9.6% son por recaudación local. Esto, sin contar las malas prácticas y falta de transparencia de las entidades.
Por ejemplo, el Imco asegura que el Congreso de Baja California Sur no tiene presupuesto 2011-2012; Colima tiene un desglose confuso de los servicios personales; Querétaro no desglosa información de deuda pública, pensiones y jubilaciones, y Michoacán no explica cómo se gastaron 241 mdp por erogaciones adicionales.
Para Gabriel Pérez del Peral, de la UP, la reforma hacendaria debería tener una “reconfiguración fiscal de la Federación, que debe respetar la vocación económica de las regiones, diseñar potestades tributaras, descentralizar la recaudación y darle más potestad de ingreso a estados y municipios”.
Más dinero, pero mejor gastado
Una reforma hacendaria debería contemplar una mayor recaudación sin dejar de eficientar el gasto público, indica Diego de la Mora, de Fundar. “No se puede hacer una cosa sin la otra. Yo creo que habría que plantear una cuestión integral, que incluyera una reforma fiscal en ingresos, y al mismo tiempo un replanteamiento en la parte de egresos. Habiendo hecho eso, creo que el hilo conductor de una restructuración de las finanzas públicas en México es el cumplimiento de los derechos humanos.”
Mario Rizo considera, por su parte, que “lo que debe encabezar una prioridad para la nueva administración federal, es la constante revisión de la efectividad y calidad de la forma en que se ejerce cada uno de los programas sociales y sectoriales, así como de las participaciones federales a los estados y municipios”.
Desde la administración pasada, el gobierno federal ya había señalado la necesidad de avanzar a una visión de Presupuesto basado en resultados, y ha avanzado en la planeación, programación y evaluación de los recursos usados, pero la misma SHCP reconoce que es necesaria una reingeniería del Estado: “Para implementar esta nueva visión, se requiere de modificaciones profundas al funcionamiento del sector público”.
Enrique Abedrop, especialista en finanzas públicas, lo resume así: “Cuando establecemos un programa, lo primero que tenemos que tener claro es el resultado deseado, pero lo tenemos que lograr al menor costo posible para la sociedad.”
Historia del Día
Lunes, 10 de Diciembre de 2012 01:00
Redactor: Genaro Mejía
