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El ‘fraude honesto’ del ex CEO de Enron
La Suprema Corte de EU decidió sobre una controversia legal, que favorece el caso de Jeff Skilling; pero el delito de fraude de servicio honesto es el sustento de sólo 1 de 19 cargos en su contra.
Por: Roger Parloff
El mandato de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso penal contra el presidente de Enron, Jeff Skilling, mencionó dos controversias cruciales y recurrentes en los casos de crímenes de cuello blanco:
1) El significado del estatuto federal que criminaliza los esquemas para defraudar a alguien a partir del "intangible derecho a un servicio honesto" y
2) Cuándo un jurado sufre un impacto personal acerca de un crimen o se ve emocionalmente influenciado por publicidad o sentimientos adversos locales, a tal grado que la única forma de que un acusado tenga un juicio justo es cambiándolo de ubicación.
Skilling mencionó ambos aspectos para refutar sus condenas, emitidas por un jurado federal en Houston en 2006, por las que cumple una condena de 24 años en prisión.
Mientras que la decisión del juzgado limitó la capacidad de los fiscales para tratar ciertos tipos de casos de fraude por servicios honestos, que serán analizados más adelante, los fiscales también libraron un par de balas en esta ocasión. Las cosas podrían estar mucho peor: el juzgado rechazó el alegato de Skilling, que dijo que al ser juzgado en Houston, donde ocurrió la implosión catastrófica de Enron, se le estaba negando un juicio justo, y también rechazó su argumento de que la ley de fraude de servicios honestos era inconstitucional y debía ser replanteada desde sus cimientos.
La jueza Ruth Bader Ginsburg escribió la opinión del juzgado, y la resolución mostraba una mayoría de seis a tres, aunque esa mayoría estaba compuesta de forma distinta para cada asunto. Tres jueces conservadores, Antonin Scalia, Clarence Thomas, y Anthony Kennedy, habrían descartado la ley de servicios honestos en vez de limitarla, mientras que tres jueces liberales, Sonia Sotomayor, John Paul Stevens, y Stephen Breyer, habrían dado a Skilling un nuevo juicio por el prejuicio que podría tener un jurado en Houston.
El caso de Skilling fue uno de tres casos de "servicios honestos" de alto perfil que fueron tratados el jueves pasado, incluyendo los del magnate de los periódicos canadienses,Conrad Black, quien está en prisión después de haber sido condenado por "fraude de servicios honestos" en 2005 y el del ex legislador republicano de Alaska, Bruce Weyhrauch, que no ha ido a juicio aún.
¿Cuál es la conclusión para Skilling?
Quizás salga libre pero es poco probable. Para explicar por qué, antes debemos discutir en qué consiste un fraude de servicios honestos: el término se refiere a una subcategoría de fraudes de telecomunicaciones y fraudes por correo, donde el acusado no roba dinero directamente de la víctima, como en el caso clásico del estilo de Bernie Madoff, sino que el acusado priva a la víctima de algún derecho intangible. El ejemplo clásico es el del soborno pagado a servidores públicos para pagar a autoridades corporativas. Si yo soborno en secreto a un gobernador para que me conceda un contrato que no me merezco, definitivamente estoy defraudando al público o a la corporación de los servicios honestos del empleado, aunque no necesariamente defraudé al público (o a la corporación) con dinero o propiedades.
Pero eso no luce tan controversial
El problema es que nadie sabe con precisión dónde termina este concepto. Los fiscales también lo han aplicado para conflictos de intereses o acuerdos de lealtad que tal vez no habríamos considerado como crímenes, sino como delitos federales. Por ejemplo, el ex legislador Weyhrauch fue acusado de haber seguido trabajando en una legislación que impactaba a la industria petrolera de Alaska después de haber pedido trabajo en una compañía de esa industria, y sin hacer público este hecho.
"En su conclusión lógica", dijo en 2009 el juez Scalia, "la ley de servicios honestos también contempla como criminales a empleados asalariados que llaman a la oficina para decir que están enfermos para ir a ver un juego de futbol en vez de ir a trabajar". Antes de las resoluciones de ayer, los juzgados de apelaciones federales habían llegado a conclusiones conflictivas precisamente sobre lo que la ley incluía y excluía.
A los fiscales les gusta la ley porque es amorfa y flexible, pero eso la hace muy discutible en materia legal. En términos constitucionales, una ley penal amplia viola el proceso correspondiente porque no proporciona noticias justas de lo que es o no un crimen antes de qué se cometa. Una ley vaga también permite abusos porque si todos son culpables, aquellos que están siendo procesados por eso están siendo discriminados y señalados de forma arbitraria. Los abogados de Skilling alegaron que la ley de servicios honestos tiene vacíos y vaguedades.
¿Cómo resolvió la Corte el estatuto de servicios honestos?
La mayoría encontró que la ley necesitaba ser interpretada de forma más estrecha en el pasado pero que al hacerlo podría ser aprobada por las asambleas constitucionales.
¿Qué cubre ahora la ley más estrecha?
Aún puede ser usada para procesar los fraudes de sobornos y de cobros de comisiones, pero no los casos más extremos. Esta fue una pérdida para el Gobierno, que esperaba que encajara en al menos una categoría de conducta más amorfa, descrita como "negociaciones personales ocultas de un servidor público o empleado privado, es decir, tomando acciones de la autoridad por parte del empleado, que oculta sus intereses financieros personales actuando en interés de otros que tienen responsabilidades fiduciarias".
El juzgado también resolvió de forma ambigua que el fraude de servicios honestos del que se acusó a Skilling incluía una teoría inválida: aunque el jurado pudo haber descubierto que Skilling cometió un fraude en telecomunicaciones convencional (privando a las víctimas de dinero o propiedad en vez de derechos intangibles) y un fraude de valores, no pudo haber cometido fraude de servicios honestos porque no aceptó sobornos ni cobros de comisiones. Sus ganancias fueron generadas por su salario y acciones, ambos inflados por fraude, pero por fraude convencional de valores, no de servicios honestos.
¿Fue un error del Gobierno acusar a Skilling de fraude de servicios honestos?
En retrospectiva fue un error, pero en aquel entonces parecía algo seguro. Los fiscales pensaron que si el jurado tenía problemas con las teorías convencionales de fraude, podrían encerrarlo por la teoría de servicios honestos.
Si el juzgado resolvió a favor de Skilling, ¿por qué no está libre?
Skilling recibió 19 cargos en total, incluyendo uno de conspiración, 12 por fraude de valores, 5 por presentaciones falsas ante auditores y uno por tráfico de información privilegiada. Sólo la conspiración entra en el delito de fraude de servicios honestos. El problema es que el cargo por conspiración lo acusaba de cometer tres crímenes federales distintos: fraude de servicios honestos, fraude de telecomunicaciones tradicional y fraude de valores. Aunque el jurado sólo encontró que el acusado conspiró para cometer uno de los tres, no podemos saber cuál fue. De hecho, si el jurado pensó que había conspirado para cometer fraude de servicios honestos, pero no los otros dos delitos, entonces estaría siendo condenado injustamente.
Pero a pesar de esto el juzgado no lo descartó, sino que envió el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos para decidir si el cargo por conspiración debería ser descartado o si el problema de la literatura del "fraude de servicios honestos" era "inofensiva" en todas las circunstancias.
¿Cómo es que una teoría legal inválida puede ser inofensiva?
El Gobierno ha dicho que como el jurado condenó a Skilling por 12 cargos de fraude de valores, cuya definición nunca fue puesta en duda, el jurado debe creer también que Skilling conspiró para cometer esos crímenes; de ser así, cualquier error del fraude de servicios honestos es inofensivo. Pero la lógica no es hermética: las acusaciones de conspiración tienen elementos de prueba que los cargos sustantivos no tienen, así que una corte podría descartar el cargo. Si lo hace, la siguiente pregunta es si el "prejuicio excedente" y la confusión que generó ese cargo requieren que también se descarte alguno de los otros 18 cargos.
Dan Petrocelli, abogado de Skilling, había dicho que el cargo de conspiración era el "cargo presentador de toda la acusación" y que el resto estaba intrínsecamente ligado a él en las instrucciones del jurado por parte de la Corte y en los argumentos de clausura de los fiscales.
En 2006, después de la condena de Skilling, un juez de apelaciones revisó la solicitud de fianza de emergencia de Skilling y vio que si la teoría de servicios honestos caía, al menos 14 de los 19 cargos en su contra tendrían "una fragilidad seria". Pero la conclusión es que incluso después de la victoria de ayer, Skilling no ha logrado desechar ni siquiera el cargo de conspiración, sin mencionar los otros 18 cargos restantes.
¿Qué pasa con Conrad Black y Bruce Weyhrauch?
Sus casos también contemplan interpretaciones de las cortes sobre cómo aplicará en ellos la resolución de Skilling. La situación de Black es análoga a la de Skilling; fue sentenciado por un cargo de fraude que incluía la teoría de servicios honestos y otra de fraude convencional, sin poder distinguir cuál teoría aceptó el jurado. Fue condenado por otro cargo por obstrucción a la justicia, y los juzgados deberán decidir si los prejuicios de los cargos manchados afectan al otro también.
El abogado de Weyhrauch, Don Ayer de Jones Day, dice que las resoluciones de Skilling rechazan ambiguamente la única teoría de servicios honestos que el Gobierno ha levantado contra su cliente, pero no queda clara la posición que tomará el Gobierno.
¿Cuál fue la resolución sobre prejuicios previos al juicio?
Skilling fue procesado en Houston, un ambiente difícil para el acusado de Enron, pues como dijo la jueza Sotomayor en su disertación sobre la resolución, "miles de empleados de la compañía perdieron su empleo y vieron cómo se desvanecía su fondo de retiro. Los efectos resonaron en la economía local y miles de empleos desaparecieron; los grupos comunitarios que alguna vez se beneficiaron de la generosidad de Enron sintieron la pérdida de millones de dólares en contribuciones".
Pero la jueza Ginsburg y la mayoría de los jueces fueron deferentes al juez de distrito Sim Lake, que dijo que podría reducir al número de jurados perjudicados con cuestionarios y procedimientos de selección.
Ginsburg dijo que el jurado había sido elegido en una ciudad de 4.5 millones de personas, en vez de una comunidad rural, y que aunque las historias de Skilling no eran buenas, no contenían información confesada o perjudicial que pudiera ser sacada de contexto por los lectores, y que ya habían pasado cuatro años desde el colapso de Enron en diciembre de 2001 hasta el inicio del juicio en enero de 2006. Además dijo que el jurado, en este y otros casos relacionados a Enron en Houston, producían veredictos distintos, absolviendo algunos cargos y condenando otros.
Claro que si la Corte hubiera pensado que el juicio con jurado de Skilling había estado manchado, su condena por 19 cargos habría sido descartada y el gobierno habría tenido que volver a empezar desde cero, una posibilidad muy costosa y dudosa a casi una década de los eventos.
Dado que el Gobierno decidió sobre su destino sólo por una votación de seis a tres, creo que los fiscales pueden considerarse muy afortunados.
